- Mejoramiento de la calidad y la eficacia de las instituciones. Las instituciones dominicanas cada día muestran un avance en cuanto a lo tecnológico y unas tantas han modernizados sus estructuras físicas, no asi, la inversión en recursos humanos, la cual siempre ha cojeado en cuanto a los salarios que estos perciben, motivo por el cual se sienten subprotegido y por ende, en la mayoria de los casos, el servicio ofrecido es de baja calidad. Es bueno señalar que estas recomendaciones, no son nada nuevas en la economía democrática dominicana, solo que siempre estos informes han sido engavetados y no se pautan en lo mas minimo.
- Incremento sostenido de los niveles de cohesión social y territorial. Aqui la CEPAL se enfoca en los derechos sociales, para que se pueda lograr una sociedad mas igualitaria de lo que hoy es, basado en el fortalecimiento de la institucionalidad democratica.
Veamos de una manera mas completa, el trabajo elaborado en conjunto con mis compañeros.
INDICE
1. Panorama General………………………………………………………………. 3
2. El Marco Internacional hacia 2030……………………………………………… 4
2.1 La economía política internacional en 2030, según diversos
ejercicios prospectivos…………………………………………………... 4
3. Posibilidades de Convergencia Internacional de la República Dominicana……. 6
4. Desarrollo, Acción Pública y Gobernabilidad Democrática…………………….. 7
5. Cohesión Social y Territorial……………………………………………………. 8
6. El Empleo como Eje Articulador de la Estrategia de Desarrollo hacia 2030…… 10
7. Revaloración del Sector Agropecuario………………………………………….. 14
8. Integración industrial y competitividad…………………………………………. 17
8.1 Zonas Francas……………………………………………………………. 17
9. Enfrentando Cuellos de Botella: Energía y Desarrollo a Largo Plazo…………… 19
10. En Busca de una Especialización Internacional Eficiente………………………. 22
11. La República Dominicana en 2030: la Imagen de una Nación más
Cohesionada, Competitiva y Desarrollada………………………………………. 24
Este documento es realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto a la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana con la finalidad de ofrecernos una visión de la evolución económica y social reciente y posibles escenarios para el futuro de la República Dominicana.
1. Panorama General
El tema central de este libro se relaciona directamente con la forma en que la República Dominicana puede transportarse en el “elevador del desarrollo” y permanecer en él. En sus diversos capítulos se profundiza el análisis de las condiciones institucionales, sociales, territoriales y económicas actuales y se identifican las transformaciones necesarias para que el país permanezca en el ascensor de manera interrumpida durante los próximos 25 años.
Además, este informe manifiesta que la visión estratégica nacional debe tener un componente que movilice e inspire a los ciudadanos, propiciando su participación. En el caso de la República Dominicana esta visión puede definirse en el horizonte de 2030: un período de un cuarto de siglo en el que, si se adoptan las medidas adecuadas en el orden institucional, económico y social, se sentarían las bases para ubicar sólidamente al país entre las naciones con desarrollo medio alto.
Se trata de una meta concreta y viable que consiste en alcanzar hacia 2030 un ingreso por habitante de 21.200 dólares (paridad de poder adquisitivo), es decir, tres veces más que en 2006. Con tal fin será necesario que la economía mantenga un crecimiento anual medio del 7,2% en el período 2008-2030. Esta ambiciosa meta ayudaría a organizar la sociedad en torno a objetivos específicos de desarrollo económico y social, e insuflar una erupción de energía y participación de la ciudadanía.
El logro de tal meta supone un conjunto de medidas paralelas para reducir perdurablemente la desigualdad y la inequidad y, por tanto, encaminadas a poner en marcha dinámicas sostenibles de cohesión social y territorial que, por definición, son inseparables de la extensión e interiorización de procesos de gobernabilidad democrática.
En este primer capítulo se ofrece una visión global del planteamiento estratégico que se desprende del conjunto de los estudios sectoriales y temáticos que integran el presente volumen. Con la finalidad de contextualizar dicho planteamiento, se hace previamente una referencia somera.
En esta primera parte encontraremos lo siguiente:
Los rasgos generales del marco internacional CEPAL 2008 actual y sus tendencias probables hacia 2030.
Los principales resultados de los escenarios elaborados en el estudio sobre las trayectorias posibles de la economía dominicana hacia 2030.
Resumen los principales hallazgos y recomendaciones de política en cada uno de los temas y sectores abordados a lo largo del trabajo: escenarios de convergencia internacional de la República Dominicana; desarrollo, acción pública y gobernabilidad democrática; cohesión social y desarrollo territorial; el empleo como eje articulador de la estrategia de desarrollo; el sector agropecuario; integración industrial y competitividad; energía y desarrollo e inserción internacional.
2. El Marco Internacional hacia 2030
La República Dominicana es hoy una economía abierta y por ello su desempeño económico es cada vez más sensible a los cambios del entorno internacional. Por razones evidentes ninguna economía abierta puede ignorar el contexto mundial, y mucho menos una economía pequeña como la nuestra.
2.1 La economía política internacional en 2030, según diversos ejercicios prospectivos
Reducción de las grandes brechas económica
Los nuevos actores dinámicos de la economía mundial
Cambios de las relaciones de poder en la economía política internacional: Las grandes transformaciones de la economía política internacional sugieren, en el horizonte de 2030, un aumento progresivo del poder relativo de las economías emergentes, en particular de China.
Las consecuencias de este nuevo entorno para el resto de las economías en desarrollo son inciertas: mientras que los países más pequeños pueden sacar ventajas de una mayor diversidad de paradigmas de desarrollo y de las probables reformas de la institucionalidad internacional, también es factible que se vean afectadas en sus territorios por los conflictos de poder e influencia que libren entre sí las antiguas y nuevas potencias.
Las tendencias subyacentes en las grandes transformaciones que se avizoran en el horizonte económico y político internacional del próximo cuarto de siglo tienen varias consecuencias para el conjunto de los países en desarrollo. De hecho, el ascenso productivo y comercial de China e India ya ha empezado a producir efectos importantes en la dinámica de crecimiento y en las estrategias de desarrollo de un número significativo de países.
Tanto en el ámbito de las manufacturas como en el de los servicios, China e India están ejerciendo fuertes presiones competitivas en el mercado internacional, acosando y en algunos casos desplazando la presencia de terceros países en una amplia gama de rubros de exportación. En la región, las economías de México, Centroamérica y el Caribe, que exportan productos textiles y otros bienes manufacturados de bajo contenido tecnológico, han resentido en la presente década esa competencia, mientras que, para las economías sudamericanas, el apetito de la economía China ha significado una oportunidad para elevar sus exportaciones a ese país, contribuyendo a mantener el dinamismo exportador y su efecto en el crecimiento.
No obstante, este escenario también plantea desafíos en cuanto a la construcción de ventajas comparativas dinámicas que permitan definir perfiles de especialización apropiados para participar competitivamente en la expansión del mercado internacional. Dicha definición depende en gran medida de la capacidad de los países para mejorar sus niveles de productividad por medio de la adaptación de tecnologías pertinentes, la capacitación de su mano de obra, la dotación de infraestructura y, de manera general, la existencia de un clima adecuado para la inversión.
La manera en que la República Dominicana responda a las nuevas realidades de la competencia económica internacional va a determinar en gran medida el nivel del bienestar interno de su población en el horizonte del próximo cuarto de siglo. Para responder cabalmente es preciso formular y aplicar una estrategia activa y sostenida que no se circunscriba únicamente al campo comercial y productivo, sino que incluya, en el marco de una concepción integral del desarrollo, medidas decididas y decisivas en pro de la gobernabilidad democrática y la cohesión social y territorial.
3. Posibilidades de Convergencia Internacional de la República Dominicana
Para que la República Dominicana se aproxime al nivel de desarrollo de las economías líderes a escala internacional, y en especial con respecto a América del Norte, que constituye su ámbito regional inmediato y de mayor vinculación, debe producirse un proceso de convergencia a largo plazo que se sustente en un crecimiento sostenido de la economía.
La experiencia internacional muestra que la posibilidad de suscitar dicho proceso depende en un grado muy elevado de la construcción de la capacidad social y los entornos institucionales que hacen posible desencadenar el potencial económico y productivo, condición necesaria para disminuir las brechas de ingreso con los países de mayor desarrollo.
En términos generales, dicha experiencia muestra que la convergencia supone satisfacer algunos requisitos básicos, en las condiciones propias de cada país, al menos en tres ámbitos:
El cambio institucional;
Acumulación de capital físico; y
Formación de capital humano.
Para que la República Dominicana acerque su nivel de desarrollo al de las economías líderes a escala internacional debe producirse un proceso de convergencia a largo plazo que se sustente en un crecimiento sostenido de la economía. La experiencia internacional muestra que la posibilidad de suscitar dicho proceso depende en un grado muy elevado de la construcción de la capacidad social y los entornos institucionales que hacen posible desencadenar el potencial económico y productivo, condición necesaria para disminuir las brechas de ingreso con los países de mayor desarrollo.
Ahora bien, en este estudio, la convergencia económica se considera algo más que una disminución de las brechas de ingreso entre países. En efecto, se entiende que además incluye la disminución de las diferencias de ingreso de los individuos, que por tanto puede evaluarse por su capacidad de erradicar la pobreza absoluta y relativa. En este sentido, también supone una convergencia institucional, tecnológica y de niveles de productividad con respecto a los estándares del mundo industrializado.
En términos generales, dicha experiencia muestra que la convergencia supone satisfacer algunos requisitos básicos, en las condiciones propias de cada país, al menos en tres ámbitos: el del cambio institucional, el de la acumulación de capital físico y el de formación de capital humano. Atender con una perspectiva estratégica estos tres aspectos básicos es indispensable para propiciar una transformación productiva basada en la incorporación continua de innovaciones tecnológicas.
Se elaboraron para este estudio tres escenarios de su posible trayectoria de crecimiento hacia 2030 y de sus respectivos resultados en términos de convergencia frente a otras economías y sociedades de la región y fuera de ella.
El primer escenario (escenario base) tiene como supuesto primordial que la economía dominicana conserva su tendencia inercial a largo plazo, lo que supone el establecimiento de cierto equilibrio entre la mejoría de algunas condiciones y el deterioro de otras en el transcurso del período 2007-2030. Se considera que a lo largo de este período disminuiría ligeramente el gasto corriente y de inversión del gobierno
El segundo escenario (el optimista) se traduce en una aceleración de la tasa de crecimiento sustentado en un incremento progresivo del coeficiente de inversión hacia promedios cercanos a los registrados en la segunda mitad de los años noventa.
En la construcción de este segundo escenario también se dan por descontadas la optimización del gasto público y la superación de los grandes problemas estructurales en materia energética, laboral y educativa, cuya no resolución supone una fuerte restricción para la trayectoria a largo plazo de la economía
El tercer escenario (el pesimista o de riesgo) tiene como límite un mantenimiento precario de las tendencias económicas a largo plazo, con una posible inclinación progresiva al deterioro, y se edifica suponiendo un freno (que hoy parece poco probable) a la profundización de las reformas estructurales en curso, que degradaría el clima de inversión y frenaría los avances en el plano de la formación de capital humano.
En el escenario optimista la economía dominicana entraría en una ruta de crecimiento sostenido, con tasas hipotéticas de crecimiento económico y potencial a largo plazo de un 7,2% y un 6,0%, respectivamente
4. Desarrollo, Acción Pública y Gobernabilidad Democrática.
La ruta del desarrollo de la República Dominicana en el próximo cuarto de siglo está en efecto cargada de incertidumbres que pueden modificar significativamente las posibles trayectorias de convergencia internacional identificadas. En virtud de esas incertidumbres, en un plazo de 25 años los países pueden caerse del “elevador del desarrollo”, pero también pueden acelerar su ascenso, por lo cual el crecimiento anticipado también puede ser más robusto de lo supuesto.
Uno de los elementos principales para el diseño de una visión nacional de desarrollo es la modernización del Estado. Para lograr las metas acordadas, es imprescindible que el Estado sea capaz de llevar a cabo tareas complejas y responder de manera eficiente a las demandas de la sociedad
Las democracias reposan en la capacidad de los ciudadanos de valorar sus instituciones más allá de los resultados a corto plazo, pero una democracia incapaz de mostrar a largo plazo niveles aceptables de desempeño y distribución equitativa de los beneficios se hace vulnerable a los efectos del descontento social y los liderazgos políticos dispuestos a aprovechar la situación para concentrar el poder.
Los escasos efectos del dinámico crecimiento económico sobre la equidad durante los dos últimos decenios han generado una frustración de la ciudadanía dominicana que ha ido dando paso a una visión alternativa del desarrollo. Uno de los grandes objetivos que persigue este conjunto de propuestas es modernizar las relaciones de los partidos políticos con sus electores. Es preciso fortalecer su carácter programático y crear incentivos para que modifiquen su oferta con el fin de mantener por lo menos el mismo nivel de apoyo electoral.
Estas propiedades del sistema político tendrían mayor relieve en el caso de una perturbación económica que redujera temporalmente el nivel de bienestar del ciudadano medio. Existen choques exógenos imprevisibles e independientes del control o de la voluntad de los representantes elegidos.
5. Cohesión Social y Territorial
En la perspectiva hacia 2030 del desarrollo y la gobernabilidad democrática, es imprescindible crear un nuevo equilibrio entre las iniciativas privadas y de interés público que incorporen la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial en el centro de los arreglos y compromisos que se establezcan.
Los especialistas e informantes calificados dominicanos que fueron entrevistados coincidieron en que, a la hora de explicar la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el país, un factor fundamental es la falta de compromiso de las elites a favor de un pacto que incorpore preocupaciones efectivas de inclusión social al proceso de modernización económica y política de la República Dominicana. Esta visión está ampliamente avalada por la evidencia empírica.
En la perspectiva de 2030 hace falta definir una estrategia económica y social a largo plazo que permita una sinergia entre las políticas económicas y las sociales. En particular, es importante revisar no solo las políticas de gasto, sino las fuentes de financiamiento de los programas sociales, ya que las restricciones fiscales pueden comprometer el éxito de un planteamiento ambicioso de reforma social como el que requiere la República Dominicana para superar los rezagos históricos y propiciar un crecimiento sostenible. Hay una fuerte interrelación entre la cohesión social y territorial y las finanzas públicas, que constituye un referente indispensable en todo esfuerzo de construcción de un contrato a favor de la cohesión. Se sabe que el financiamiento del gasto social depende básicamente de dos aspectos: la estructura del mercado de trabajo y la carga impositiva.
En la República Dominicana entre la mitad y dos terceras partes de los ocupados tienen empleos no protegidos, es decir, carecen de servicios sociales en tanto que contribuyentes. Para cubrir las brechas de protección que supone este hecho la única fuente sostenible de financiamiento a la que puede acudir el Estado es la tributación. La pregunta es cómo sellar un compromiso en torno a este conjunto de objetivos. Un compromiso de este tipo es factible en la medida en que se comprenda cuál es el papel y cuáles los deberes del Estado y de los distintos grupos constitutivos de la sociedad cuando esta se decide por su propia conveniencia a perseguir objetivos de cohesión social.
Para hacer frente al doble desafío de superar los rezagos acumulados y contribuir a un nuevo estilo de desarrollo, más incluyente y que fortalezca la cohesión social en un entorno internacional más competitivo y en muchos aspectos también más adverso, la política social deberá apoyarse en tres ejes que garanticen su continuidad y su contribución efectiva al cumplimiento de metas a mediano y largo plazo en materia de superación de la pobreza, reducción de la desigualdad y fortalecimiento de la cohesión social. A largo plazo la estrategia deberá generar un círculo virtuoso entre el eje político, el eje económico y el eje social para poder garantizar un desarrollo sostenible sobre bases más competitivas de cara a las transformaciones que están teniendo lugar en la economía mundial.
El compromiso político en torno al gasto social debe traducirse en una política de Estado, que lleve a blindar hasta donde lo permitan el marco jurídico y las restricciones fiscales los montos destinados a los principales programas sociales. El objetivo mínimo debe ser alcanzar el promedio latinoamericano de gasto social, que actualmente oscila en torno a los 15 puntos porcentuales del PIB. No es una meta fácil de alcanzar a corto plazo, pero es viable en el horizonte hacia 2030 si se combina una reforma fiscal que aumente los ingresos del Estado, un buen desempeño de la economía dominicana durante el próximo cuarto de siglo y una reducción del peso de la deuda pública y otros pasivos contingentes que permitan reasignar recursos hacia el gasto social. El eje económico de la estrategia debe tener por principal objeto impulsar un estilo de crecimiento compatible con la generación de empleo bien remunerado, de acuerdo con los planteamientos que se hacen en el siguiente apartado.
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La mala distribución de la riqueza solo se corregirá creando mejores oportunidades de acceso a los mercados laborales, que es el mecanismo más elemental pero a la vez más sólido de inclusión social. En ese sentido, las políticas encaminadas a incrementar la inversión en capital humano, principalmente en materia de educación, salud y alimentación, deben ser componentes fundamentales de una estrategia más amplia, que privilegie la creación de empleos mejor remunerados, lo que a su vez solo se logrará con aumentos sostenidos de la productividad. Solo mediante una cultura política que entienda la prestación de determinados bienes y servicios sociales como un derecho exigible podrá la ciudadanía involucrarse y demandar una rendición de cuentas acorde con la consolidación de una cultura democrática. Se trata de un desafío que trasciende la esfera asistencial y plantea una nueva manera de concebir la globalización e insertarse en ella, así como de relacionarse con el Estado
La educación y la salud deben garantizarse mediante programas de cobertura universal, combinados con programas focalizados de reducción de la pobreza extrema y con programas de desarrollo regional centrados en el fomento del empleo remunerativo que permitan superar los rezagos de las regiones más pobres del país e impulsen una inserción más dinámica de estas en los mercados nacionales e internacionales. La dimensión territorial de las políticas sociales es, en efecto, crucial en el marco de las políticas nacionales de cohesión.
La cohesión territorial es una condición necesaria para lograr la cohesión social, en la medida en que contribuye a reducir la discriminación y la segregación social por razones de localización espacial y geográfica, permite una movilidad fácil y sostenible sin discriminaciones y favorece la redistribución de ingresos y oportunidades entre núcleos de población situados en territorios diferentes. Los objetivos de cohesión social de la República Dominicana son en gran medida inconcebibles sin el desarrollo de su territorio y este, a su vez, es inviable sin el diseño y la aplicación de una política activa de fomento del empleo remunerativo.
6. El Empleo como Eje Articulador de la Estrategia de Desarrollo hacia 2030
El empleo es el principal factor de cohesión. Como tal, también deber ser el foco de convergencia de todos los componentes de la nueva estrategia dominicana de desarrollo. El empleo debe convertirse en un parámetro para establecer el orden de prelación de las grandes decisiones de la política económica y social del próximo cuarto de siglo en la República Dominicana.
A pesar de que la economía ha observado períodos de alto dinamismo, sobre todo en la segunda parte de la década de 1990 y tras la crisis de 2003-2004, la insatisfactoria evolución del empleo permanece, al mantenerse la tasa de desempleo amplio en cifras de dos dígitos, rondando en algunos momentos cerca de un 20% (véase el gráfico 1). Entre 1991 y 2006 la tasa de crecimiento medio anual del producto real fue de un 5,8%, la tasa de desempleo medio fue de un 16,7% y la del producto potencial de un 5,9% anual. Los cálculos efectuados con la evidencia de este período señalan una tasa natural de desempleo (TND) muy alta, en torno a un 16,5%.11
Es evidente que la economía ha sido incapaz de generar una adecuada oferta de puestos remunerativos de trabajo ante una fuerza laboral con altas tasas de crecimiento como consecuencia del cambio de la población, proceso que deriva en una creciente población en edad de trabajar. Paralelamente se han producido cambios en la estructura del mercado laboral debido al propio proceso de cambio estructural de la economía, tanto interno como externo. Del análisis realizado al respecto en este estudio se desprenden ocho rasgos principales del mercado laboral dominicano después de casi cinco lustros de intenso crecimiento del producto. Son los siguientes:
La presión generada por el acelerado crecimiento de la fuerza laboral como consecuencia del cambio de la pirámide demográfica exige que el esfuerzo de creación de empleo sea considerablemente mayor en los próximos años, en los que deberá convertirse en un objetivo prioritario de la política pública.
Los grupos de población favorecidos laboralmente por el patrón de crecimiento de las últimas dos décadas han sido en particular el de las mujeres de edad media y con niveles de educación media y superior, así como el de los hombres con mayores niveles educativos.
Por su parte, los jóvenes y los trabajadores con muy baja calificación, en particular las mujeres, enfrentan las mayores desventajas en términos de oportunidades laborales.
Las remuneraciones muestran alta flexibilidad con el ciclo económico y están sumamente determinadas por los niveles educativos, como se demuestra en los análisis de rentabilidad de la educación. Se mantiene una brecha salarial por género en detrimento del trabajo femenino, si bien en los años recientes tiende a disminuir.
El sector informal se ha expandido ampliamente en la economía dominicana. Aunque predomina en los servicios y la construcción, la informalidad tiende a extenderse a otras ramas.
La migración hacia la República Dominicana ha aumentado de manera considerable en los últimos años debido a la creciente movilidad de la población haitiana. El carácter no documentado de estos movimientos dificulta su medición. En todo caso, la composición de estas corrientes de fuerza de trabajo, que en su mayoría están constituidas por hombres jóvenes con baja calificación que se ocupan en la construcción o en labores agrícolas, genera fuertes presiones en la parte inferior del mercado laboral dominicano al disminuir el salario de reserva en dicho segmento.
En cuanto a la emigración de dominicanos al exterior, los principales efectos en el mercado laboral son la pérdida de fuerza de trabajo calificado y su incidencia en los hogares receptores de remesas, en los que se observa un aumento tanto del salario de reserva como de la probabilidad de caer en el desempleo, en particular en las zonas urbanas. Es necesario reducir la emigración de la fuerza de trabajo calificada
Independientemente de la medición utilizada para el desempleo, este se mantiene alto y muestra poca sensibilidad al ciclo productivo. Para los fines del presente estudio se realizó un análisis exploratorio de las sendas del desempleo, en particular la TND, que se presentarían en los tres escenarios de desempeño económico hacia 2030.
Para realizar dicho ejercicio se utilizaron los supuestos de crecimiento del PIB potencial calculados para cada uno de estos escenarios. Los resultados son los siguientes:
Escenario optimista: se considera un crecimiento del PIB potencial del 6%, tasa marginalmente superior a la observada en el período histórico de análisis, pero que supone un incremento del capital físico y el humano, factor que tendría un quiebre en la tendencia del empleo. En consecuencia, la TND estimada es de un 15,8% anual.
Escenario base: considera un crecimiento del producto potencial del 4,0% anual, menor que el observado históricamente en los últimos 15 años, con escasa variación de la acumulación de capital físico y humano, lo que produce una TND estimada de un 16,8% anual. La República Dominicana en 2030: hacia una nación cohesionada.
Escenario pesimista: considera un crecimiento del producto potencial de solo un 1,5% anual y un deterioro en la acumulación de capital físico y humano. En este escenario la TND estimada sería de un 18,8% anual.
Los valores arrojados por las estimaciones para la TND resultan muy altos, incluso en la hipótesis de crecimiento acelerado como el supuesto en el escenario optimista.12 En todo caso, estos resultados indican un problema importante en términos de desempleo fraccional en la economía dominicana.
El análisis anterior fue complementado con una revisión preliminar de la posible creación de nuevos empleos, para lo cual se realizó un ejercicio de estimación de la creación de empleo a partir del cálculo de la elasticidad empleo-producto. El valor obtenido para este parámetro es de 0,63, que se encuentra en el rango de otras estimaciones para la economía dominicana y para diversos paneles de países de la región. Este valor indica que ante un aumento de un 1% del producto, la población con empleo deberá aumentar un 0,63%, que en el escenario optimista equivaldría a la creación de alrededor de 129.000 nuevos empleos en promedio al año. En otras palabras, con un crecimiento anual medio del PIB potencial de un 6% se proyecta un crecimiento del empleo de un 3,8%, ligeramente menor que la tasa de incremento estimado de la fuerza de trabajo.
Este ejercicio pone de relieve la necesidad de una política explícita y activa de empleo para los próximos 25 años, a falta de la cual no pueden esperarse modificaciones sustanciales de la estructura y evolución del mercado de trabajo en las próximas décadas, creando un riesgo creciente de deterioro de las condiciones laborales de la población y por extensión de la cohesión social.
Además de garantizar condiciones macroeconómicas propicias para la creación de empleo, la estrategia debe incluir medidas específicamente dirigidas a incidir en el funcionamiento del mercado laboral. Dado que una de las características del mercado laboral dominicano es un elevado desempleo fraccional, es imprescindible instaurar mecanismos eficientes que permitan una más rápida y adecuada reincorporación de los desempleados al mercado laboral. Esto requiere una mayor sincronización entre oferentes y demandantes, para lo cual la información es esencial.
La estrategia más efectiva a largo plazo para reducir la segmentación del mercado laboral dominicano es garantizar una mejor calidad del capital humano. El factor educación es fundamental en este objetivo y, de manera más amplia, en toda la estrategia hacia la instauración de un estilo de desarrollo sostenido e incluyente. Es indispensable emprender un esfuerzo nacional para aumentar no solo los años de instrucción de la población, sino la calidad de la oferta educativa. La República Dominicana es uno de los países de la región con los índices más altos de reprobación, por lo que es necesario implementar esquemas que permitan abatirlos.
Hace falta realizar estudios detallados para detectar el perfil educacional actual y futuro que demandará el aparato productivo y analizar la estructura de la oferta educativa a nivel universitario y técnico para compaginarla con la demanda futura. Esto debería reducir, a mediano y largo plazo, el problema del desempleo en la población de más estudios que se ha venido observando en la economía dominicana en los últimos años.
Las políticas de desarrollo productivo, que se consideran en los siguientes apartados, aumentan la demanda de empleo de manera indirecta, al mejorar el funcionamiento del aparato productivo. En este sentido son relevantes las políticas orientadas a mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas, la implantación regional y el desarrollo de ciertos complejos productivos y los incentivos destinados a promover actividades con uso intensivo de mano de obra, como el turismo y la construcción de viviendas económicas. Los programas de capacitación laboral, crédito y actualización tecnológica han probado su eficacia en otros países en el segmento de las pequeñas empresas que se desempeñan básicamente en mercados regionales o locales
Con la nueva estrategia de desarrollo se deben diseñar políticas específicas hacia el sector informal del mercado de trabajo. El fomento del crecimiento económico es un recurso general para incorporar trabajadores en los sectores modernos, pero la experiencia muestra que su efecto en la generación de empleo formal es lento, sobre todo si se toma en cuenta la abultada dimensión alcanzada por la informalidad económica en la República Dominicana. Por ello, se requiere incrementar la capacidad productiva de los trabajadores informales, a fin de incorporarlos plenamente al ejercicio de la actividad económica, disminuir la heterogeneidad, mejorar la equidad y disminuir la pobreza. Esta estrategia incluye el empleo rural agropecuario y no agropecuario, aspecto en el que se profundizará en el siguiente apartado.
7. Revaloración del Sector Agropecuario
En los últimos 15 años el crecimiento agropecuario sostenible de la República Dominicana ha sido modesto y volátil.13 Diversas tendencias caracterizaron a este período: la productividad media tendió a estancarse o a disminuir en varios cultivos y fue menor que la de muchos países competidores; factores climáticos como las sequías, inundaciones y huracanes —Georges y Jeanne— afectaron su desempeño. En el mismo lapso, la productividad media del sector declinó o se estancó en la mayor parte de los principales cultivos, que utilizan un 75% del área cosechada. La superficie cosechada total de los principales cultivos se estancó en promedio un 0,6% anual y su estructura se modificó.
El Estado dominicano tradicionalmente ha apoyado al agro por medio de diversos instrumentos fiscales y comerciales. El gasto público en riego, investigación y extensión, el crédito agropecuario, las exenciones fiscales, la protección arancelaria, las cuotas de importación y otros instrumentos comerciales han tendido a favorecer a los productores. Sin embargo, el apoyo ha sido insuficiente frente a los obstáculos y las tendencias adversas que afectan al sector agropecuario y al medio rural. Los precios reales al productor se redujeron en la mayoría de los cultivos. La inversión sectorial ha sido baja, excepto en riego. La devaluación del peso favoreció a los productos exportables, pero últimamente la tendencia ha sido un peso apreciado en términos reales.
La rentabilidad agropecuaria ha sido muy baja menor que en otros sectores desde el segundo lustro de los años ochenta. Según una estimación de la rentabilidad media de la mayor parte de los productos agrícolas, en términos reales se observa una tendencia negativa en el lapso 1990-2006 para más de la mitad de los productos y muy baja para el 20%. Es más, la rentabilidad media ha tendido a decrecer considerablemente entre los períodos 1990-1995 y 2000-2006. De esta forma, la capacidad de consumo y ahorro de los productores agropecuarios también se redujo, lo que explica en parte la baja inversión, la pobreza y la emigración rurales.
La diversificación de productos y de mercados fue un logro considerable después de 1990. Las proyecciones globales de mayor y más calificada demanda de productos agrícolas son una oportunidad de expandir la producción dominicana de exportación y proyectan mayores costos para las importaciones de maíz y otros granos. El déficit agroalimentario del comercio exterior ha sido volátil y se acentuó considerablemente por el crecimiento acelerado de las importaciones de cereales y semillas oleaginosas durante los 10 primeros años y el estancamiento de las exportaciones agroalimentarias.
En el medio rural dominicano, en 2005, un 51% de la población rural era pobre y un 29% se encontraba en condiciones de extrema pobreza. La pobreza rural continúa planteando un gran desafío para las políticas de desarrollo, pese al crecimiento de la economía de los últimos 15 años y tras la aplicación de diversas políticas rurales y sociales. La desigualdad en la distribución del ingreso creció en los últimos años.
La heterogeneidad entre los productores es elevada. Los pobres tienen los más bajos índices de escolaridad y elevados indicadores de desnutrición. Esta desigualdad es un freno al crecimiento rural de la República Dominicana y conspira en contra de la cohesión social en el medio rural.
De la construcción de distintos escenarios de la trayectoria del producto agropecuario (PIBA) hacia 2030, se evocan a continuación los resultados del escenario optimista, aunque ciertamente difícil de cumplir, pues significaría un giro radical en el estado de cosas que ha prevalecido por décadas; vale la pena, pues, plantearse ese ambicioso objetivo, sus características y el esfuerzo que implicaría para el país. El escenario supone un crecimiento sostenido del PIBA a una tasa anual de un 5,5%, impulsado por un incremento de la productividad.15 El PIBA por persona se eleva a un 5,9% anual. En este escenario, el aumento del PIBA aprovecha el creciente valor de la demanda internacional de alimentos (sobre todo por efecto del precio) y la proveniente de las zonas turísticas del país y es impulsado por una acción concertada pública y privada para el desarrollo sostenible de cadenas productivas agroindustriales. Existe un mejor manejo de suelos y el uso más eficiente del agua y se recalca la prevención de los efectos de sequías e inundaciones. Se presta especial atención a la cohesión social mediante el aumento del capital humano.
Este escenario supone un cambio fundamental en la política agropecuaria, en cuanto a mayor asignación del gasto, en particular inversiones rurales, y en su orientación, concentrándose, a la vez, en cadenas seleccionadas y en los agricultores pobres. La cohesión social —reducción de la pobreza, desnutrición y equidad rural— se convertiría en un parámetro importante de la nueva política agrícola y rural. El apoyo a los productores pecuarios y agrícolas se elevaría inicialmente, para luego otorgarse de manera decreciente, estimulando la eficiencia productiva. El período de transición del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-RD) se usa para fortalecer la competitividad y mejorar la cohesión social.
Los supuestos básicos de este escenario de aprovechamiento del potencial económico del sector agropecuario se resumen en lo siguiente: en 2008-2030 el gasto público agropecuario crece un 7% anual; los efectos del cambio climático son mitigados por medio de nuevas prácticas de cultivo y de prevención de desastres; el comercio agroalimentario global es dinámico, los productos de exportación dominicanos tenderían al alza, con excepción del tabaco y de los camarones; las necesidades de financiamiento, inversión y gasto suponen que en 2030 el valor total alcanzado por estas variables sería cinco veces mayor que en 2005; el crédito agropecuario se elevaría un 7,7% anual real; los nuevos criterios de cohesión social implícitos en esas políticas facilitarían el acceso al financiamiento por parte de los pequeños productores y de los agricultores pobres; la inversión extranjera directa se elevaría casi un 4% anual en respuesta a la demanda global.
En este escenario la alianza público-privada concentra sus esfuerzos en la consolidación de líneas productivas estratégicas y en el desarrollo de nuevos cultivos y productos pecuarios. Se sustituyen importaciones de alimentos y se consolidan y diversifican las ventas al exterior de alimentos frescos y procesados.
La producción intensiva de hortalizas de invernaderos se amplía considerablemente y las cooperativas de agricultores pobres empiezan a beneficiarse con esta tecnología. Gracias a esta estrategia, la República Dominicana elevaría su competitividad y aprovecharía los mercados globales y del CAFTA-RD. De manera creciente, la oferta de frutas, vegetales, carnes y productos pecuarios de calidad certificada también permitiría satisfacer la demanda de los hoteles de las zonas turísticas.
Las cadenas pecuarias de carne bovina, cerdo, aves y lácteos consolidarían su alto crecimiento de los últimos años. Aprovecharían la demanda creciente y se verían fortalecidas por el mayor acceso al crédito, la regulación de mercados y de la competencia externa desleal y las inversiones en frigoríficos. La política de sanidad animal con alta prioridad en estos años fortalecería la competitividad.
Los agricultores y productores pecuarios tendrían capacidad de respuesta a la demanda internacional e interna ampliando la oferta de bienes e integrando las cadenas a las agroindustrias y a los mercados de Estados Unidos, Japón y Asia. A largo plazo, la intensificación de la competencia internacional entre países productores que podría afectar a las exportaciones de la República Dominicana se ve superada por la inversión en capital humano y el cambio a una elevada productividad de cadenas seleccionadas. Las universidades y centros tecnológicos generarían innovaciones y realizarían extensión y transferencia técnica entre productores, en especial los pequeños y pobres.
La cohesión social aumentaría en el medio rural y en el agro. Los salarios reales agropecuarios podrían elevarse por la mayor productividad de la mano de obra. También podría ampliarse la demanda interna de alimentos. Esto, junto con la política agropecuaria de apoyo a los productores pequeños y pobres, a la vez que aumentaría la producción, elevaría sus ingresos y la pobreza rural se reduciría sensiblemente.
La población ocupada en actividades agropecuarias sumaría unos 180.000 puestos de trabajo, aunque en términos relativos su participación en el total declinaría de un 20% a un 12%. La mayor productividad laboral, el cambio técnico con la intensificación de cultivos que demanda más mano de obra calificada y menos empleo no calificado y la mecanización de algunas actividades redundarán en un lento aumento del empleo agropecuario, lo que tendería a contrarrestar el efecto positivo en la ocupación derivado del mayor dinamismo productivo.
8. Integración Industrial y Competitividad
El modelo de inserción externa seguido por la República Dominicana en el último cuarto de siglo ha generado enclaves dinámicos que tienen pocos eslabonamientos con el resto del aparato productivo. Las exportaciones han crecido a tasas de dos dígitos, mientras que el resto de la economía registraba tasas sustancialmente menores, asimetría que se ha puesto gravemente en evidencia ante la irrupción competitiva de China y otros productores asiáticos dinámicos.
8.1 Zonas Francas
Las zonas francas han sido siempre un componente central del sector industrial dominicano, por la generación de divisas y la creación de empleos. Sin embargo, desde fines de los años noventa este sector enfrenta una serie de desafíos que, lejos de resolverse, tiende a acrecentarse. En general, las empresas de estas zonas continúan concentradas en actividades de bajo valor agregado y bajo contenido tecnológico. Ante la pérdida de competitividad de la confección de prendas de vestir, la diversificación hacia otros sectores ha resultado provechosa en términos de empleo y divisas. Aun así, incluso la diversificación hacia industrias consideradas de alta tecnología, como la electrónica, no ha llevado a que en la República Dominicana se realicen procesos de uso intensivo de tecnología y menos aún de aprendizaje tecnológico en los eslabones de más uso intensivo de conocimiento de la cadena de valor. En el caso particular de la industria electrónica, como muestra la experiencia de México y Costa Rica, un país puede exportar grandes cantidades de bienes finales y aun así participar solo en los eslabones de la cadena de valor de uso intensivo de mano de obra y en escala de producción, como es el ensamble y la manufactura de altos volúmenes.
La diversificación de las zonas francas hacia actividades de servicios (como los centros de llamadas) tampoco garantiza el tránsito hacia actividades de mayor valor agregado o contenido tecnológico, además de que no ofrece la posibilidad de crear tantos puestos de trabajo como alguna vez ocurrió con la confección de prendas de vestir. Si bien los salarios en este tipo de empresas son mayores que en las actividades tradicionales de zonas francas, no involucran procesos de aprendizaje en tareas de uso intensivo de conocimiento. La marcada expansión internacional de la industria de servicios de países asiáticos como India ha estado fundamentada en servicios de mayor valor agregado, como centros de diseño y de apoyo administrativo.
En el caso dominicano la mayor parte de la tecnología transferida en zonas francas es en el área de las tecnologías de organización de la producción y, dada la falta de vinculación entre las zonas francas y la industria nacional, estos conocimientos no son diseminados fácilmente al resto de la economía nacional.
Las exportaciones industriales dominicanas enfrentan una creciente competencia tanto de países asiáticos como de la subregión. El análisis del desempeño exportador muestra que 6 de los 10 principales productos a 10 dígitos del sistema armonizado, exportados a Estados Unidos, fueron desplazados entre 2000 y 2006 por exportaciones de China, India, México, Honduras y Nicaragua.
El sector exportador dominicano se encuentra en una encrucijada, ya que sus mayores salarios relativos le dificultan competir con países de la subregión, como Honduras y Nicaragua, y con países asiáticos también con menores costos.
Las industrias como la electrónica y equipo médico, enfrenta la competencia de México, país con una mayor base industrial, mayor capital humano y aprendizaje acumulado en dichas industrias. El gran reto es fortalecer la competitividad a través del cambio tecnológico (innovación de productos y procesos) que permita incrementar la eficiencia productiva y la calidad y ofrecer productos con mayor valor agregado nacional.
La industria nacional, por su parte, enfrenta el imperativo de modernizarse e incrementar su eficiencia. La dualidad entre zonas francas y la industria nacional no solo radica en la marcada orientación exportadora de las primeras y la reducida integración entre ambas; también en la calidad y eficiencia productiva que caracteriza a las zonas francas, producto de su inmersión en la competencia de los mercados internacionales, de las cuales carecen un gran número de empresas de la industria nacional.
La firma del CAFTA-RD presenta enormes retos para la industria nacional. Por una parte, la exportación, directa o indirecta, exige altos estándares de calidad, capacidad de abastecer grandes volúmenes y cumplimiento puntual de los tiempos de entrega. Por otra parte, la competencia en el mercado interno, sobre todo en bienes estandarizados y con bajo valor agregado, se intensificará.
El análisis de diversos indicadores de cambio tecnológico señala que, en toda circunstancia, es necesario incrementar esfuerzos en la formación de capital humano. También muestra que los recursos invertidos por la República Dominicana en actividades de investigación y desarrollo son extremadamente reducidos. En consecuencia, se obtiene un moderado incremento de la productividad (y un incremento de la brecha con el principal socio comercial, Estados Unidos) y una baja tasa de innovación.
Los indicadores de cambio tecnológico no muestran avances significativos; la competitividad de las exportaciones dominicanas se erosiona y no ha habido cambios estructurales importantes hacia actividades de mayor valor agregado. Estas políticas presentan debilidades que reducen su efecto esperado. Se identificaron al respecto tres problemas principales:
1. Hay dispersión y poca coordinación entre las políticas de fomento industrial y la innovación.
2. Hay varias iniciativas que el gobierno ha puesto en marcha para el fomento industrial y la innovación.
3. las zonas francas, desde su concepción, han sido entendidas como sustitutos y no complementos de la industria local.
En consecuencia, incluso las iniciativas más recientes persisten en tratar por separado a las zonas francas de la industria nacional, contribuyendo a la dualidad entre estos dos sectores de la industria manufacturera dominicana. En la estrategia de desarrollo hacia 2030 será imperativo formular políticas industriales que fomenten la complementariedad e integración entre estos dos sectores.
La nueva estrategia de desarrollo industrial dominicana debería caracterizarse por mayores y sostenidos esfuerzos en la formación de recursos humanos y capacidades tecnológicas y por el fortalecimiento sostenido del sistema nacional de innovación.
El objetivo declarado de esta estrategia es que hacia 2030 la industria manufacturera dominicana haya transitado hacia actividades de mayor valor agregado y contenido tecnológico, en industrias tradicionales y en nuevas industrias.
La industria nacional, a raíz de la apertura, pasaría en los próximos 25 años por un proceso de concentración, donde las empresas sobrevivientes serían altamente competitivas en el mercado interno y en el exterior. Esta mayor integración de las zonas francas y la industria nacional y la participación en actividades que generan mayor valor agregado es un elemento central para que la economía en su conjunto alcance altas tasas de crecimiento y genere un número sustancialmente mayor de empleos remunerativos.
9. Enfrentando Cuellos de Botella: Energía y Desarrollo a Largo Plazo
La República Dominicana no cuenta con reservas probadas de petróleo para garantizar una producción comercial, por lo que depende completamente de las importaciones de petróleo crudo y sus derivados. También importa gas natural y carbón. Las principales fuentes locales de energía son la hidroelectricidad, la leña, los residuos agrícolas, la radiación solar, el viento y el océano; con la notable excepción de las dos primeras, las demás han sido escasamente aprovechadas.
En los últimos años las autoridades pusieron en práctica reformas que combinan la introducción de la competencia, el ingreso del sector privado al sector y el retiro del Estado de las actividades empresariales para concentrarse en la regulación, la fiscalización y la definición de políticas públicas. Aunque esos cambios permitieron algunos avances notables en la generación de electricidad, no se ha conseguido resolver problemas sustanciales que impiden al país encauzar su desarrollo por una senda de mayor sostenibilidad.
La ley general de electricidad de 2001 estableció el marco legal e institucional para todo el sector energético, incluido el petróleo, el gas natural, el carbón y fuentes renovables de energía. Además con la finalidad de proporcionar al gobierno recursos para atender el servicio de la deuda externa, se aplica un impuesto especial al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo.
El sector energético adolece de una serie de problemas de importancia, complejidad y urgencia variables, en diversos planos y según la cadena productiva. Algunos son funcionales pero otros son estructurales Si se toman las medidas adecuadas los primeros podrían solucionarse a corto plazo, aunque otros requieren un horizonte más lejano, lo cual significa entre 5 y 10 años, vistas las inercias típicas de las industrias de la energía.
En el subsector hidrocarburos el principal estrangulamiento a corto plazo es el encarecimiento de la factura por importación de combustibles, en razón del aumento del precio del petróleo en el mercado internacional. En el subsector eléctrico el principal estrangulamiento a corto plazo es la insuficiencia de ingresos para cubrir los altos costos del suministro de electricidad.
La política energética dominicana emplea la mayor parte de sus capacidades y recursos institucionales y administrativos en actividades orientadas al mejoramiento funcional de la organización de los mercados, la regulación y la administración de las empresas, actividades que corresponden a la gestión del corto plazo. Las actividades orientadas a alcanzar los objetivos permanentes del sector como la seguridad energética, la equidad social, el cuidado del entorno natural y el equilibrio de poder entre los diferentes actores, relacionados con el largo plazo, requieren en cambio inscribirse en una concepción estratégica que defina objetivos más amplios de desarrollo.
De cara a 2030 el reto de la política energética consiste en establecer una serie de medidas tendientes a corregir los desequilibrios a corto y mediano plazo que aquejan al propio sector y, al mismo tiempo, sentar las bases de una modernización para que las industrias de la energía sean capaces de soportar e impulsar con bases sólidas el proceso de movilización y proyección del potencial de desarrollo nacional en un sendero de crecimiento duradero con equidad. Esas medidas también deberán inducir comportamientos sostenibles del consumo y la oferta de energía, de manera que aceleren algunas tendencias (como la sustitución de la leña en los hogares y el aprovechamiento de las fuentes renovables) y la desaceleración de otras (como el avance de los fósiles y las importaciones). También deberán mitigar efectos negativos de tipo ambiental o social.
La estrategia propuesta en este estudio se enfoca a cumplir cinco objetivos específicos:
Disminuir la dependencia petrolera.
Reducir los costos de abastecimiento.
Elevar la confiabilidad y calidad del suministro.
Ampliar a los hogares el acceso a energéticos modernos y la posibilidad de consumirlos
Elevar la capacidad del Estado para garantizar que el sector energético cumpla su cometido.
Se proponen siete estrategias para lograr todo lo anterior:
1. Sustitución de petrolíferos por otros energéticos nacionales o importados.
2. Aprovechamiento de las fuentes locales de energía, fósiles y renovables.
3. Programas de ahorro y uso eficiente de la energía.
4. Ampliación y mejoramiento de la infraestructura.
5. Fortalecimiento de las autoridades tutelares y regulatorias.
6. Mejoramiento del marco institucional, legal y regulatorio
7. Cooperación internacional.
La política energética a largo plazo es el conjunto de ideales, objetivos, prioridades, enfoques, medidas y criterios establecidos por el Estado para orientar el funcionamiento del sector energético en un sentido que favorezca el desarrollo económico, social, ambiental e institucional de acuerdo con la política general de desarrollo y el proyecto de país. En el plano económico persigue la eficiencia productiva, es decir, el menor costo posible a corto y largo plazos. En esa dirección, la eficiencia técnica, organizativa y regulatoria es clave.
En el plano social se aspira a que las necesidades energéticas básicas de la población sean cubiertas en su totalidad con una oferta suficiente, flexible, diversificada y en condiciones de utilización razonables, lo cual sería inútil sin solvencia económica y financiera de las familias para consumir energéticos modernos. También se persigue que las rentas económicas ligadas a la energía se distribuyan equitativamente y no agudicen la concentración de la riqueza o la exportación de capitales. La energía puede y debe contribuir a la reducción de las desigualdades sociales.
En el plano institucional se espera de las autoridades tutelares, entes reguladores, directivos y trabajadores del sector, solvencia técnica y administrativa, honestidad, transparencia y credibilidad, elementos fundamentales para generar confianza y seguridad de que actúan en aras del bien común y no de intereses particulares, de grupo, partido o de otro país.
10. En Busca de una Especialización Internacional Eficiente
La República Dominicana se encuentra en un momento clave de transición de sus vinculaciones económicas externas. Aun siendo una economía pequeña y altamente dependiente del exterior, desde mediados de los años ochenta y con más fuerza en los años noventa logró con relativo éxito un proceso de integración a los mercados estadounidenses de bienes por medio de importaciones temporales para su exportación. El turismo, los ingresos por inversión extranjera directa, las remesas, los costos de los energéticos importados y el desempeño de las manufacturas nacionales son las principales variables que han afectado en forma significativa su balanza de pagos.
Las nuevas realidades de la economía política internacional han puesto de manifiesto la fragilidad externa de la República Dominicana y cuestionado dos de sus tres principales fuentes de divisas (exceptuando las remesas), es decir, las zonas francas y el turismo. Asimismo, se ha profundizado la falta de competitividad de los proveedores de las zonas francas y del sector manufacturero local en su conjunto, manifestándose en una baja del valor agregado interno añadido a las actividades en las zonas francas y en un creciente déficit comercial del sector manufacturero local desde los años noventa.
El análisis del sector externo de la República Dominicana desde los años noventa y particularmente desde 2000 revela que es indispensable vincular explícitamente el proceso de integración externa con procesos competitivos y de cambio productivo que sean sostenibles a largo plazo.
Algunas de las propuestas conciernen a los instrumentos, como la elaboración de un programa de inserción externa 2030 que establezca pautas, prioridades y métodos de evaluación anuales del sector externo y de las principales variables micro, meso y macro.
En el ámbito del fortalecimiento institucional se sugiere reforzar el Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD), imprimiéndole el carácter de organismo de inteligencia y fomento comercial que coordine, analice y proponga los temas comerciales y de inversión extranjera, tanto de los sectores nacionales como de las zonas francas y otros.
Con respecto a las zonas francas y el turismo, las propuestas se encaminan a tomar la medidas necesarias para fomentar su escalamiento en el mercado internacional, es decir, a integrarse a segmentos de mayor valor agregado con efectos positivos en los productos, procesos y en otras variables como calidad de empleo, curvas de aprendizaje y competencia de las actividades que actualmente se realizan.
Un aspecto fundamental en el análisis y las propuestas concretas por segmento de cadena de valor consiste en crear mecanismos e instrumentos específicos para incrementar la integración de insumos y procesos locales a los procesos y productos de las zonas francas.
Deben generarse proyectos y propuestas concretas de política para fomentar activamente procesos e inversiones del sector de servicios en las zonas francas, lo que ya de por sí justificaría la creación del consejo de promoción de los servicios de la República Dominicana.
La República Dominicana debiera realizar un esfuerzo para evaluar su experiencia con estos nuevos procesos y empresas y revisar sus condiciones para participar activamente en dicho proceso, que por su naturaleza podría tener efectos aún mayores que los manufactureros que actualmente prevalecen en sus zonas francas.
Con respecto a las zonas francas y el turismo la república dominicana debe de insertarse en un segmento de mayor valor agregado, en los mercados internacionales, que incorporen efectos positivos en los productos, procesos y en otras variables como calidad de empleo, curvas de aprendizaje y competencia de las actividades que actualmente se realizan.
La República Dominicana continuará enfrentando una creciente competencia en productos básicos y productos sin mayor valor agregado, tal y como se ha especializado la mayor parte de la HTC desde los años ochenta.
Un aspecto fundamental en el análisis y las propuestas concretas por segmento de cadena de valor consiste en crear mecanismos e instrumentos específicos para incrementar la integración de insumos y procesos locales a los procesos y productos de las zonas francas.
El CAFTA-RD no tendrá efectos significativos en la cadena HTC (considerando los ya bajos aranceles) y no existen estimaciones puntuales para estimar los efectos en otras cadenas de valor, se debiera realizar un esfuerzo para evaluar su experiencia con estos nuevos procesos y empresas y revisar sus condiciones para participar activamente en dicho proceso, que podría tener efectos aún mayores que los manufactureros que actualmente prevalecen en las zonas francas.
Por su parte, en la década actual, el turismo se ha constituido en la principal fuente de divisas netas en la balanza de pagos del país. Igualmente, es el sector que parece mejor posicionado para generar mecanismos de arrastre con otros sectores de la economía dominicana, tales como la agricultura, la creación de infraestructura y comunicaciones y, para impulsar la creación de empleos. Solo entre 1990 y 2007 el valor global de sus ingresos en dólares se multiplicó por un factor de casi cinco veces y el empleo total casi se duplicó.
Los escenarios sectoriales y del sector externo elaborados hacia 2030 para este estudio confirman la enorme capacidad real y potencial de integración del sector agropecuario a la demanda del sector turismo: la economía nacional actualmente llega a proveer el 28,6% de las frutas, el 13,4% de los abarrotes y un 16,1% de las carnes consumidas por el sector hotelero. La integración vertical de los negocios turísticos es otro factor que afecta el desarrollo del sector en la República Dominicana, que como destino es parte de una cadena de valor de las empresas que persigue reducir la pérdida de sus utilidades.
En el horizonte de la nueva etapa de desarrollo de la República Dominicana, resulta indispensable pensar estratégicamente una nueva organización de la actividad turística, de manera que compatibilice los intereses de todos los operadores internacionales con un mayor derrame interno y un incremento del valor agregado local.
La República Dominicana, también se estima que una porción significativa de turistas está buscando otros tipos de productos, como el turismo sostenible y ecológico, el cultural, de salud, de cruceros o el deportivo, entre otros. Es indispensable establecer estrategias destinadas a captar estos segmentos de la demanda internacional.
11. La República Dominicana en 2030: la Imagen de una Nación más Cohesionada, Competitiva y Desarrollada.
El primer objetivo hacia 2030 es sentar las bases de un proceso sostenible, comprometido con el progreso y la cohesión social de la nación dominicana. En efecto, de aplicarse un programa sistémico de reformas como las sugeridas en este estudio, es posible concebir, en el horizonte de 2030, que la República Dominicana transite hacia un estadio de mayor desarrollo, justicia y democracia, al haber superado parte de los grandes obstáculos que enfrenta en la actualidad para convertir el crecimiento económico en bienestar para la mayoría de la población.
En este sentido, se identificaron siete líneas de acción prioritarias que la CEPAL propone para el futuro del país.
1. Mejoramiento de la calidad y la eficacia de las instituciones. persiguen ampliar los espacios de gobernabilidad democrática e instaurar mecanismos más eficaces a favor de la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas. Gracias a las reformas institucionales, el contenido de la oferta política para procesar las diferencias de intereses propias de un sistema democrático deberá ser más congruente con la búsqueda efectiva de bienestar para la mayoría de la población.
2. Incremento sostenido de los niveles de cohesión social y territorial. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática deberá incidir en el proceso de construcción de la ciudadanía, garantizando a la población el pleno ejercicio de sus derechos sociales. Sobre la base de las propuestas que se avanzan al respecto en el estudio, la sociedad dominicana debería tornarse en el próximo cuarto de siglo más igualitaria de lo que hoy es.
3. Promoción activa del empleo pleno y productivo y el trabajo decente. Las propuestas persiguen integrar este objetivo como una meta indispensable y prioritaria de toda la política pública. Las políticas de cambio productivo que se proponen, incluida la definición de un perfil de inserción internacional más eficiente, deberán propiciar aumentos sostenibles de la productividad media de la economía y ampliar su capacidad de absorción laboral, con trabajos de mejor calidad y mayores remuneraciones.
4. Recuperar y modernizar el sector agropecuario. La concertación de la acción pública y privada se considera decisiva para el desarrollo sostenible de cadenas productivas agroindustriales. En los próximos 25 años, deberá instaurarse un modelo de desarrollo agropecuario caracterizado por un mejor manejo de suelos y un uso más eficiente del agua, dotado de mecanismos eficientes de prevención y adaptación de los efectos del cambio climático y los desastres naturales. Por su parte, la política rural deberá tener un énfasis particular en el mejoramiento de la cohesión social mediante el aumento de las inversiones en capital humano y físico (educación, capacitación, salud, nutrición, infraestructuras, servicios básicos). En esta perspectiva de desarrollo, el sector agroindustrial esta llamado a ser uno de lo pilares básicos del desempeño económico y social del país hacia el 2030.
5. Fortalecer estratégicamente el tejido industrial y su capacidad competitiva. La industria dominicana está obligada a definir una orientación estratégica hacia sectores o nichos de mayor valor agregado en torno a los cuales deberá desarrollar en el próximo cuarto de siglo ventajas comparativas. persigue que hacia 2030 se haya configurado un nuevo sector manufacturero dominicano, que haya escalado posiciones en distintas cadenas de valor, acrecentando su contenido tecnológico, tanto en el segmento de las industrias tradicionales como en el de las nuevas industrias.
6. Reestructurar las bases institucionales y operativas del sector energético. El éxito de la nueva estrategia de desarrollo dominicana supone la corrección definitiva de los principales desequilibrios del sector energético. Un componente activo y explícito de dicha política debe ser la mitigación de los efectos negativos del sector en el medio ambiente.
7. Diseñar una estrategia a largo plazo y dispositivos institucionales para una inserción eficiente en la economía internacional. Se propone para ello la creación de una serie de dispositivos institucionales al servicio de una estrategia de integración externa eficiente y sostenible, basada en una perspectiva sistémica con pautas, prioridades, objetivos y métodos de evaluación del desempeño del sector externo y las principales variables que lo afectan a nivel territorial.
Cada una de estas siete líneas de acción se sustenta y justifica por sí misma. Su conjunto constituye un programa estratégico de desarrollo que atiende por igual el corto, mediano y largo plazos.
En este sentido, es indispensable desarrollar altos grados de coordinación y de congruencia a favor de la competitividad internacional de la economía en cinco ámbitos principales:
El macroeconómico
El mesoeconómico
El microeconómico ( énfasis en turismo y zona franca)
El desarrollo tecnológico y la capacitación
La diversificación del comercio exterior.
El sentido fundamental de esta estrategia tiene una faceta doble. Por una parte, preservar sobre bases renovadas y sostenibles una de las principales fortalezas de la experiencia dominicana de desarrollo en las últimas dos décadas, que es el dinamismo sostenido por la economía y, por otra parte, corregir una de sus principales debilidades estructurales, a saber, que dicho dinamismo no se acompañó de un incremento proporcional del bienestar interno, la equidad y la cohesión social.
